Se
combatiría una de las fuentes de contaminación en BC para lograr una mejor
calidad del aire
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La
iniciativa pretende reducir, en el largo plazo, la tendencia en el uso de
combustibles fósiles: Diputado José Alberto Martínez, del Panal
Mexicali, B. C., jueves
27 de febrero de 2014.- El diputado José Alberto Martínez Carrillo propuso una
reforma a la Ley del Impulso a la Eficiencia Energética, con el fin de propiciar
una reducción en la emisión de gases, vapores, polvos y toda sustancia que
genere contaminación al medio ambiente, por parte de las plantas de manufactura
industrial asentadas en Baja California.
Martínez Carrillo, presidente de la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso, indicó que su
iniciativa establece que el Estado deberá implementar estrategias para la
modernización de las plantas manufactureras a través de sistemas y mecanismos
que reduzcan la tendencia, a largo plazo, en el uso de combustibles fósiles, lo
cual disminuya significativamente la contaminación ambiental en la entidad.
La iniciativa propone, además, que
sea la Secretaría de Protección al Ambiente quien lleve a cabo las siguientes
acciones: “Impulsar y vigilar el cumplimiento de la estrategia para la
modernización de la planta manufacturera industrial, para la reducción en la
emisión de gases, vapores, polvos y toda sustancia que genere contaminantes
como fuentes fijas”.
El representante popular por el
Partido Nueva Alianza dio a conocer que Baja California es uno de los estados
del país, donde gran parte de su población —el 37.6 por ciento— se dedica y
ocupa en actividades de las industrias de la manufactura, minera, construcción,
electricidad, papel, entre otras.
“Al ser la industria manufacturera
una de las principales actividades productivas, es importante considerar a este
sector, para que sea contemplado en el Programa Estatal de Eficiencia
Energética”, consideró el legislador.
Asimismo, el diputado José Alberto
Martínez propuso un ajuste a la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación del
Cambio Climático del Estado, por medio del cual se le dé una representación en
el Consejo para el cambio climático, a los municipios y al Poder Legislativo.
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