José de Jesús Vázquez Hernández
Uno
de los derechos más trascendentes y vitales del ser humano es poder
ejercer la libertad de prensa y de expresión, regulada solo con las
limitaciones que marca la ley en el caso de México por lo indicado por los artículos 5 y 6 constitucionales, restringida solo en caso que ataque
la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el
orden público y finalmente afirma el artículo sexto, que el derecho a la información será garantizada por el Estado.
En
este sentido se han elaborado diferentes iniciativas y propuestas para
garantizar de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión de
los comunicadores, una de ellas consistió en la creación de una Fiscalía
Especial para la atención de los agravios y delitos cometidos contra la libertad de expresión y darles seguimiento.
Sin
embargo ha sido poco lo logrado, los atentados en contra de este sector
han seguido y quienes estudian y analizan el problema comentan: “que en
México
cada cinco días, en promedio, es asesinado un periodista, eso lo
convierte en uno de los países con más periodistas asesinados y
desaparecidos en el mundo. A
pesar de ello el presupuesto del gobierno del presidente Felipe
Calderón asignado a la Fiscalía encargada de investigar estos delitos
asciende a menos de 250 mil dólares (tres millones de pesos) para el año
2012. Uno de los años más sangrientos para la prensa”.
La Fiscal Laura Borbolla, comentó ante una comisión del Congreso, que hay
lentitud para garantizar la libertad de prensa en el país y que los
periodistas viven bajo amenaza de los narcos, para que publiquen o dejen
de publicar, además señala que algunos de los periodistas y medios de
comunicación son controlados por el crimen organizado mediante presiones
y amenazas.
Así
mismo, recalcó que “el ejercicio de la libertad de expresión constituye
una conquista fundamental en la construcción de una sociedad
democrática, por lo que debe y es nuestra obligación garantizar la plena
observancia a través del fortalecimiento de las instituciones”.
Con este propósito, a finales de junio se promulgaron dos decretos decreto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas, afirmando el presidente que “la libre
manifestación de las ideas y la lucha por los derechos humanos son
cimientos esenciales de la democracia del Estado de derecho”.
Todo hace parecer que hay conciencia de las autoridades de la importancia que tiene la defensa de este derecho, y ahora con la reforma
constitucional, la justicia federal se encargará de vigilar los delitos
contra la libertad de expresión y los que afecten el derecho a la
información o las libertades de expresión e imprenta.
Por ahora se han dado algunos pasos, hay
una fiscalía y una ley, pero falta ordenarlos, equiparlos y
fortalecerlos, pues según afirman, la Fiscalía se encuentra en
deplorables condiciones en un pequeño espacio de las oficinas de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPLADE y
no cuenta con los recursos necesarios para dar seguimiento a todos los
casos que se denuncian constantemente.
Mientras no haya las garantías y recursos necesarios para el trabajo cotidiano de los reporteros y medios que sufren amenazas, la salvaguarda de la libertad de expresión seguirá siendo deficiente, afectando el derecho que tiene la sociedad de ser informada. jjesusvah@hotmail.com
