En
sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se dio entrada a la
iniciativa del diputado J. Jesús Palos Vaca, que tiene por objeto reformar el
Código Penal del Estado para sancionar a los servidores públicos que no
resuelvan a tiempo los juicios laborales, y a los abogados que también recurren
a argucias para retardarlos con incidentes frívolos o pruebas improcedentes.
Las
sanciones propuestas son de uno a tres años de prisión y pecuniaria de 100 a
300 días de salario mínimo al trabajador o patrón de cualquier negociación o
entidad pública, o el apoderado de éstos que en el juicio laboral manifiesten
una cantidad de sueldo superior o inferior al salario que realmente percibe.
Para
quienes presenten algún documento falso o alterado y que se demuestre de ello,
la sanción será de seis meses a tres años de prisión y pecuniaria de cien a 300
días de salario mínimo. La iniciativa en mención se turnó para su estudio y
dictamen a la diputada Clara Gómez Caro, presidenta de la Comisión de Trabajo.
También
se presentó la iniciativa de la diputada Gómez Caro en la que plantea instituir
en Jalisco dos figuras que la Ley Federal del Trabajo contempla: una, la
insumisión al arbitraje y la otra, la negativa a acatar el laudo.
La
primera consiste en que en un juicio laboral si una persona tiene menos de un
año laborando y es trabajador de confianza, el patrón se somete al arbitraje para
que se allane inmediatamente a lo demandado y con esto pagará la indemnización
constitucional y las partes proporcionales, pero no va a reinstalar al
trabajador.
Por lo
que se refiere a la negativa a acatar el laudo es lo mismo y sólo cambian las
etapas procesales para hacerlo valer, es decir, hasta el final y no al
principio, como es el caso de la insumisión. Le corresponderá dictaminarla al
diputado vocal Elías Octavio Iñiguez Mejía.
Se
acordó que los foros para analizar las modificaciones a ordenamientos
secundarios, como es la Ley para los Servidores Públicos, con motivo de la
reforma a la Ley Federal del Trabajo, se lleven a cabo en el mes de septiembre
próximo, a fin de que durante octubre y noviembre se analicen y dictaminen las
propuestas, en las que participen también las universidades, a fin de que en
diciembre sean votadas por el Pleno del Congreso
