jueves, 19 de julio de 2012

LA LIBERTAD DE PRENSA, SIN GARANTÍA


José de Jesús Vázquez Hernández 
Uno de los derechos más trascendentes y vitales del ser humano es poder ejercer la libertad de prensa y de expresión, regulada solo con las limitaciones que marca la ley en el caso de México por lo indicado por los artículos 5 y 6 constitucionales, restringida solo en caso que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y finalmente afirma el artículo sexto, que el derecho a la información será garantizada por el Estado.   
En este sentido se han elaborado diferentes iniciativas y propuestas para garantizar de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores, una de ellas consistió en la creación de una Fiscalía Especial para la atención de los agravios y delitos cometidos contra la libertad de expresión y darles seguimiento. 
Sin embargo ha sido poco lo logrado, los atentados en contra de este sector han seguido y quienes estudian y analizan el problema comentan: “que en México cada cinco días, en promedio, es asesinado un periodista, eso lo convierte en uno de los países con más periodistas asesinados y desaparecidos en el mundo. A pesar de ello el presupuesto del gobierno del presidente Felipe Calderón asignado a la Fiscalía encargada de investigar estos delitos asciende a menos de 250 mil dólares (tres millones de pesos) para el año 2012. Uno de los años más sangrientos para la prensa. 
La Fiscal Laura Borbolla, comentó ante una comisión del Congreso, que hay lentitud para garantizar la libertad de prensa en el país y que los periodistas viven bajo amenaza de los narcos, para que publiquen o dejen de publicar, además señala que algunos de los periodistas y medios de comunicación son controlados por el crimen organizado mediante presiones y amenazas.  
Así mismo, recalcó que “el ejercicio de la libertad de expresión constituye una conquista fundamental en la construcción de una sociedad democrática, por lo que debe y es nuestra obligación garantizar la plena observancia a través del fortalecimiento de las instituciones”.  
Con este propósito, a finales de junio se promulgaron dos decretos decreto de  Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas, afirmando el presidente que “la libre manifestación de las ideas y la lucha por los derechos humanos son cimientos esenciales de la democracia del Estado de derecho”.   
Todo hace parecer que hay conciencia de las autoridades de la importancia que tiene la defensa de este derecho, y ahora con la reforma constitucional, la justicia federal se encargará de vigilar los delitos contra la libertad de expresión y los que afecten el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta. 
Por ahora se han dado algunos pasos, hay una fiscalía y una ley, pero falta ordenarlos, equiparlos y fortalecerlos, pues según afirman, la Fiscalía se encuentra en deplorables condiciones en un pequeño espacio de las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPLADE y no cuenta con los recursos necesarios para dar seguimiento a todos los casos que se denuncian constantemente.   
Mientras no haya las garantías y recursos necesarios para el trabajo cotidiano de los reporteros y medios que sufren amenazas, la salvaguarda de la libertad de expresión seguirá siendo deficiente, afectando el derecho que tiene la sociedad de ser informada.  jjesusvah@hotmail.com  
Julio 18/2012

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