miércoles, 24 de noviembre de 2010

OSUNA MILLAN EJERCE VETO SOBRE TENENCIA

MEXICALI, B.C. A 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.- El Ejecutivo del Estado vetó las reformas a la Ley de Hacienda en materia de Tenencia y la Ley de Coordinación fiscal y en ambos casos realizó propuesta alternas, en el primero propone el cobro de la tenencia a vehículos con un costo superior a los 250 mil pesos y en el segundo la creación de un Fondo de Inversión a Infraestructura por un monto de 300 millones de pesos para los Municipios.

El Secretario General del Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, destacó que en ambos casos se realizan propuestas que se ponen a consideración de los integrantes del Poder Legislativo para su discusión y aprobación, en el ánimo de colaboración y respeto al principio de división de poderes que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y con estricto respeto de las competencias entre los poderes constituidos, que marca el espíritu y la letra de nuestro ordenamiento estatal.

En ambos casos, dijo, no hubo un estudio exhaustivo de impacto social, económico y en las finanzas públicas, por ello la decisión de hacer observaciones, pero también de dar alternativas a los Legisladores.

En el caso de la propuesta de cobro de la tenencia a los vehículos con un costo de 250 mil pesos o superior, se exentaría a personas con discapacidad, asociaciones civiles, religiosas, incluyendo a los partidos políticos.

También quedarían excluidos los vehículos propiedad de los gobiernos centrales de la Federación, Estado o Municipios y aquellos que sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, servicios funerarios, y las ambulancias dependientes de entidades públicas o de instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los cuerpos de bomberos.

No quedarían dentro de este régimen de exención las entidades públicas que no forman parte del gobierno central, ya que éstas tienen personalidad jurídica distinta a aquél, además de tener un patrimonio propio conformado por los ingresos que obtienen en el ejercicio de sus funciones, por lo que les corresponde cumplir con los tributos que se requieran para satisfacer el gasto público

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